En julio, el Santander anunció una oferta con una prima del 15 % sobre el 10 % de Santander Brasil que aún no controla, en uno de los mercados que más aportan al beneficio del grupo. Entre abril y mayo, Iberdrola completó la compra de Neoenergia, renovó tres concesiones de distribución por 30 años y duplicó su inversión en redes hasta los 50.000 millones de reales de aquí a 2030. Acciona ganó en mayo su cuarta licitación de saneamiento en el país. Aena pagó más del triple del precio de salida por la concesión del aeropuerto de Galeão.
Santander, Iberdrola y Acciona llevan décadas en Brasil; Aena opera allí desde 2019 y ya gestiona dieciocho aeropuertos. Las cuatro ampliaron en 2026 sus compromisos en el país, cada una a su manera: adquiriendo participaciones minoritarias, renovando contratos y ganando subastas. Para una empresa española de tamaño medio que estudia entrar en el mercado brasileño, esos movimientos ofrecen una perspectiva concreta de su evolución.
Lo que vieron
Al explicar la renovación de las concesiones, el presidente de Iberdrola habló de “seguridad jurídica y contractual” y de “un entorno regulatorio estable y previsible”. Se refería al sector eléctrico y a aquellos contratos. En boca de quien acababa de anunciar una inversión de nueve mil millones de euros, la frase resulta relevante, porque apunta a tres cambios que coinciden en el tiempo.
Brasil ha sido un país de relojes que avanzan por separado: el comercial a un ritmo, el fiscal a otro, el de la inversión privada a un tercero. En 2027, los tres marcan la misma hora. Los tres marcos están aprobados; un nuevo Gobierno puede acelerar o frenar su ejecución, pero ninguno vuelve al punto de partida tras las urnas de octubre.
El primer reloj es el comercial. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, negociado durante un cuarto de siglo, se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo de 2026. El Parlamento Europeo ha pedido al Tribunal de Justicia un dictamen sobre los dos instrumentos que lo componen; mientras tanto, el acuerdo comercial interino, que prescinde de ratificaciones nacionales, ya está en marcha, y el acuerdo de asociación completo espera a los Estados miembros. La reducción arancelaria ha empezado, producto a producto, con reglas de origen y autocertificación en uso. Hay una segunda pieza, menos comentada. Desde enero, Brasil y la Unión Europea se reconocen mutuamente la adecuación de sus regímenes de protección de datos, y las transferencias de datos personales entre ambos lados dejan de exigir las cláusulas y autorizaciones específicas que antes legitimaban cada envío. Para una empresa de software, de servicios o simplemente con clientes en los dos continentes, desaparece un coste fijo de entrada. En abril, España y Brasil celebraron en Barcelona su primera cumbre bilateral, con quince acuerdos firmados y la segunda ya fijada para 2028, en Brasil.
El segundo reloj es el fiscal. Brasil está reformando su sistema de impuestos sobre el consumo, y el cambio tiene calendario: empezó en 2026 y termina en 2033. Hasta entonces, toda empresa opera bajo dos regímenes a la vez. Quien ya está en el país, además, tiene que adaptar lo que construyó para el sistema antiguo, incentivos estatales incluidos. Quien llega ahora y construye desde cero diseña su estructura con la transición a la vista; quien entra comprando una empresa hereda con ella la estructura antigua y debe ponerle precio. En la elección de dónde instalarse ganan peso la logística y el mercado, porque la competencia de incentivos entre estados está llegando a su fin.
El tercer reloj es el del Estado como vendedor. El Gobierno brasileño está licitando contratos a largo plazo a un ritmo destacado en los últimos años: saneamiento para cientos de municipios bajo el nuevo marco legal, líneas de transmisión, aeropuertos, carreteras. La subasta de transmisión está fijada para el 30 de octubre de 2026 y la del aeropuerto de Brasilia, con diez aeropuertos regionales, para el 17 de diciembre de 2026; la cartera de ferrocarriles y puertos se ha desplazado a un calendario de 2027 todavía indicativo.
Son, en su mayoría, contratos de 25 a 35 años con ingresos regulados. Cada uno que se adjudica queda cerrado durante décadas, y el socio local que lo acompaña ya está comprometido con quien llegó primero. Ese coste puede detectarse más adelante, en la due diligence de un socio que ya firmó con otro, o en la prima que se paga por un distribuidor que, un año antes, habría sido aliado.
Lo que sigue igual
Brasil sigue siendo un país de plazos largos, procedimientos administrativos complejos y decisiones que exigen presencia física. La deuda bruta del Gobierno supera el 80 % del PIB, y existe incertidumbre sobre dónde estarán el tipo de cambio y los tipos de interés en 2030. Las reglas del juego tienen ahora fechas definidas: el sistema fiscal tiene un calendario publicado hasta 2033, el acuerdo comercial tiene texto cerrado, el régimen de datos tiene plazo de revisión. La incertidumbre macroeconómica se gestiona con estructura financiera; la regulatoria, con contrato y estructura societaria, y esa segunda tarea resulta mucho más sencilla cuando se sabe qué regla estará en vigor cada año. Es lo que Iberdrola quiso decir con “previsible”.
Otras empresas, de distinto tamaño, han llegado a la misma conclusión por su cuenta. Concentrol, química de Girona, abrió filial en São Paulo a principios de 2026 porque sus clientes ya estaban allí. Salicru, de Barcelona, entró de la mano de un socio brasileño con casi treinta años de mercado. Factorenergia creó una sociedad con un grupo local para llegar antes de la apertura del mercado eléctrico a los consumidores de baja tensión, a partir de 2027. Gestamp inauguró en junio su octava fábrica en el país. Cada una encontró el socio, el cliente o el contrato que hacía viable entrar ahora.
La ventana
Los tres relojes seguirán avanzando: el acuerdo comercial se consolidará, la transición fiscal seguirá su curso, los contratos a treinta años se irán firmando. Como los tres se cruzan, la entrada en Brasil se ha convertido en una sola decisión, fiscal, comercial y societaria a la vez. Quien la divide en partes, y las entrega a quien solo ve la suya, puede descubrir el coste del desencuentro después de firmar. Las oportunidades que hoy están sobre la mesa no esperan; para quien llegue más tarde quedarán otras, con otras condiciones.
Fabio Buccioli es abogado en São Paulo, socio fundador de Buccioli & Partners, y acompaña desde hace más de treinta años la entrada de empresas europeas en Brasil.